Las empresas mexicanas podrán liquidarse de forma más rápida y sencilla con el cambio de la Ley General de Sociedades Mercantiles

“México ha reformado diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles para facilitar los procesos de disolución y liquidación de sociedades, además de otorgar más derechos a los sujetos afectados por la disolución” afirma Carolina Useche, Gerente de Operaciones LATAM en excelia. En concreto, las sociedades mercantiles mexicanas pueden ser disueltas a través de una resolución judicial o administrativa decretada por un tribunal competente, teniendo que inscribir el motivo de la disolución de la sociedad en el Registro Público de Comercio mexicano.

La Ley General de Sociedades Mercantiles también incluye un procedimiento simplificado que entrará en vigor el 25 de julio de 2018 para liquidar y disolver las sociedades de forma económica y simplificada en un solo acto. Este procedimiento solamente podrá ser llevado a cabo, entre otras condiciones especificadas en la normativa, sociedades cuyos socios o accionistas sean personas físicas.

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Las condiciones que tienen que cumplir son:

  • Estar conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas.
  • No debe estar ubicada en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley.
  • Tiene que haber publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, el aviso de inscripción en el Libro Especial de los Socios o Registro de Acciones de Registro con la estructura accionaria vigente por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la disolución. Para tales efectos la información contenida en el aviso de la inscripción tendrá carácter confidencial.
  • No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años.
  • Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
  • No posea obligaciones pecuniarias con terceros.
  • Sus representantes legales no estén sujetos a un procedimiento penal por delitos fiscales o patrimoniales.
  • No se encuentre en concurso mercantil.
  • No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación especial aplicable.

El procedimiento de disolución en liquidación se realizara conforme al artículo 249 Bis 1. Además, “las nuevas reformas incluyen modificaciones que permiten a los socios, accionistas de una sociedad o sujetos interesados ejercitar ciertos derechos para ordenar la inscripción del motivo de la disolución de la sociedad, para oponerse a la inscripción de la justificación, para solicitar que se nombren los liquidadores a una autoridad judicial competente o para revocar a los liquidadores”, añade la Gerente de Operaciones LATAM en excelia. Para poder aplicar estos derechos, la causa de la disolución debe ser decretada a través de una resolución judicial o administrativa.

La ventaja de este procedimiento simplificado reside en que no requiere la intervención de autoridades judiciales ni fedatarios públicos, con el consecuente ahorro de costes de gestión y tiempo. Además, la normativa contempla la posibilidad de que intervenga activamente la Secretaría de Economía para garantizar el cumplimiento del procedimiento.

Carlina Useche concluye que hay que considerar que si bien se obtiene un beneficio de esta modificación también existe la posibilidad de dejar una puerta abierta para liquidar empresas creadas para simulación de operaciones.

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